El concejal José Quiroz afirmó que la aprehensión de Juan Carlos Huarachi “debió haberse dado hace muchos años”, asegurando que su supuesta participación en hechos de corrupción, sus vinculaciones con el expresidente Luis Arce, la minería ilegal y los cobros irregulares “eran de conocimiento público”.
Quiroz cuestionó que el actual Gobierno hable de “20 años de corrupción”, pues —según dijo— la crisis que atraviesa Bolivia tiene su origen en los últimos seis años, a partir del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la posterior gestión de Luis Arce. Señaló además que Arce “no era masista ni parte del instrumento político, venía de gobiernos neoliberales”, recordando su paso por instituciones durante las gestiones del MIR, ADN y MNR.
El concejal añadió que durante estos años “Bolivia entró en una crisis económica y social profunda”, agravada —afirmó— por la división de organizaciones sociales como la COB, que habrían actuado como cómplices del poder político. “Ellos dividieron a las organizaciones para servir al gobierno y proteger a los corruptos”, declaró.
Quiroz también recordó sus anteriores denuncias sobre presuntos actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos, donde —según afirmó— “el diésel era vendido de manera irregular a 6,96 bolivianos para luego ser recaudado en beneficio de allegados del expresidente Arce. Ese dinero iba para sus hijos, Marcelo y Rafael, y Lucho Arce lo sabía”, sostuvo.
El concejal criticó que hasta ahora el gobierno de Rodrigo Paz no haya logrado la captura del expresidente Arce, asegurando que éste ya abandonó el país. “No pueden hablar de 20 años. En los 14 años de Evo Morales, Bolivia estaba estable: no faltaba gasolina ni diésel, la canasta familiar estaba controlada y el dólar era estable”, expresó, recordando que el tipo de cambio bajó de 8,12 a 6,96 bolivianos durante esa gestión.
Finalmente, Quiroz exigió que la investigación alcance “a todos los cómplices de la corrupción” y señaló que la crisis actual golpea principalmente a gremiales, transportistas, trabajadores por cuenta propia y al sector campesino. “Bolivia paga hoy las consecuencias de seis años de gobiernos dedicados a la corrupción desde el golpe de Estado”, concluyó.
