Avanzan las investigaciones judiciales en torno a los bloqueos y las movilizaciones sociales registradas entre mayo y junio. Además de los dirigentes campesinos y vecinales detenidos, el Ministerio Público tiene en proceso casi 150 procesos en diferentes regiones.
“De los 148 procesos abiertos en todo el país, tenemos que hacer saber que 99 fueron iniciados de oficio por el Ministerio Público”, sostuvo este jueves el fiscal general del Estado Roger Mariaca en contacto con los medios en Sucre. Además de los casos de oficio, se debe recordar que cívicos cruceños presentaron una denuncia formal contra los líderes de las organizaciones sociales movilizadas
Según detalló, la gran mayoría de los casos cursan en La Paz (114); hay 22 en Cochabamba, cinco en Oruro, dos en Santa Cruz, dos en Beni, dos en Chuquisaca y uno en Potosí.
Mariaca dijo que las indagaciones avanzan según procedimientos y plazos normales –la mayoría están aún en etapas preliminar y preparatoria– y solo un caso ya fue resuelto. “Tenemos un caso aislado en Cochabamba, en el cual se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron su culpa, eso fue en la zona de Parotani”, sostuvo.
Los procesos penales –por los presuntos delitos de asociación delictiva, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, según cada caso–, alcanzan, sobre todo, a dirigentes vinculados a las protestas. El principal ejecutivo de la Túpac Katari Vicente Salazar cumple seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro, mientras que el dirigente vecinal Justino Apaza fue enviado con similar medida cautelar al penal de San Pedro.
Además, la fiscalía mantiene entre los investigados al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y al senador suplente Nilton Condori, aunque ninguno de ellos tiene aún una orden de aprehensión vigente.
Las investigaciones se desarrollan por los bloqueos que se extendieron durante más de 50 días y que provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de afectar el transporte y otras actividades económicas del país.
