La Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable frente a la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, también conocido como Víctor Manuel Moreno Álvarez, señalado como cofundador y uno de los líderes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La decisión fue adoptada el 10 de septiembre de 2025 por la Sala de Casación Penal, que evaluó la solicitud enviada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Según el documento, la petición no prosperó porque Chile formalizó antes su propio requerimiento contra el mismo ciudadano, lo que le otorga prioridad de acuerdo con el Acuerdo sobre Extradición firmado entre Colombia y Venezuela en 1911.
“En aplicación del Tratado de extradición suscrito con la República de Venezuela, prevalece la solicitud formulada por el Gobierno chileno, dado que fue la primera en ser presentada”, concluyó la Corte en el fallo.
De acuerdo con el expediente, el 3 de noviembre de 2023 un tribunal especial de Caracas expidió una orden de aprehensión contra Álvarez Núñez para enjuiciarlo por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El 1 de julio de 2024, miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin de la Policía Nacional capturaron a alias Larry Changa en Circasia, Quindío, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.
El 3 de julio de ese mismo año, Venezuela solicitó su detención provisional con fines de extradición mediante una nota verbal enviada por su embajada en Colombia. Posteriormente, el 25 de julio formalizó la petición entregando la documentación requerida, la cual incluía copias de la orden de aprehensión, de las disposiciones legales aplicables y de la solicitud activa de extradición presentada por su Ministerio Público.
Durante el proceso, el Ministerio de Justicia colombiano verificó que entre Colombia y Venezuela se encuentran vigentes tratados internacionales que regulan este tipo de trámites, incluyendo la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Al analizar el caso, la Sala de Casación Penal determinó que no era posible avalar la extradición a Venezuela debido a que Chile había presentado primero su requerimiento formal contra el mismo individuo. Este país lo acusa de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas relacionados con la estructura del Tren de Aragua.
En este contexto, la Corte concluyó que Chile tenía la prioridad para adelantar el proceso, por lo que no podía emitirse concepto favorable a la solicitud venezolana.
Fuente: Infobae
