Al cumplirse el primer año de ser elegido como Máxima Autoridad del Ministerio Público, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consolidó los pilares de la transformación institucional orientada a modernizar los servicios del Ministerio Público, fortalecer la confianza ciudadana y acercar la justicia a la población. En estos primeros doce meses, su gestión sentó las bases de una Fiscalía más eficiente, transparente, tecnológica y humana, destacando la implementación del Ecosistema ROMA, la institucionalización de nuevos fiscales y una política penal más estratégica y con enfoque de derechos humanos.
“Cuando asumí el cargo más honroso de mi vida, lo hice con la firme convicción de transformar el Ministerio Público con servicios más eficientes, modernos, accesibles y con rostro humano que beneficien a todo el público litigante, principalmente a las víctimas. Nuestro objetivo es garantizar que el ciudadano sienta que la justicia está de su lado, que hay respuestas oportunas y servidores públicos comprometidos con el país”, destacó Mariaca.
Durante estos primeros doce meses, la gestión del Fiscal General se distinguió por sentar las bases de una Fiscalía moderna, orientada a fortalecer la institucionalidad, garantizar el acceso real a la justicia y recuperar la confianza ciudadana a través de la eficiencia y el uso estratégico de la tecnología. La nueva visión institucional se refleja en el Plan de Trabajo 2024–2030 que plantea ejes estratégicos como el fortalecimiento de la persecución penal inteligente, el acceso igualitario a la justicia, la modernización tecnológica, el enfoque de género y la mejora continua de los servicios fiscales.
Uno de los hitos más relevantes de este año de gestión, es la implementación del Ecosistema ROMA (Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones), una plataforma tecnológica integral que marca un antes y un después en la administración de justicia penal en Bolivia. Esta herramienta tecnológica fue diseñada por servidores del Ministerio Público con el objetivo de agilizar los procesos penales, integrar herramientas de inteligencia artificial, permitir la interoperabilidad con otras instituciones y acercar el servicio a la población mediante aplicaciones móviles y canales digitales de consulta en tiempo real.
El Ecosistema ROMA cuenta con herramientas de inteligencia artificial como el agente FISCAL IA y el sistema IRIS para efectivizar la evaluación de riesgos en casos de violencia familiar y doméstica que permiten orientar decisiones más precisas y proteger con mayor eficacia a las víctimas. Por otro lado, en agosto de este año, se presentó el innovador sistema ALM-ROMA, diseñado para gestionar solicitudes de asistencia legal mutua con otros países, con un enfoque multilingüe y transparente. Asimismo, se habilitó el moderno Call Center con atención a través de WebChat, WhatsApp y Telegram, que facilita la comunicación directa entre el Ministerio Público y la población boliviana.
El impacto de ROMA es tan significativo que el Ministerio Público fue reconocido con el Premio GovTech Bolivia 2025, otorgado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), como institución destacada en el fortalecimiento de la ciudadanía digital y el uso de software libre. Por otro lado, esta herramienta recibió múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional como de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) donde Bolivia preside el Grupo de Uso y Optimización de Herramientas Tecnológicas.
Todos estos procedimientos tecnológicos, gestión de casos penales y administrativos se realizan en el marco del Sistema de Gestión Integrado (SGI), que incorpora normas internacionales como la ISO 27001 y la ISO 9001, confirmando el compromiso de la Fiscalía con la calidad institucional, la seguridad de la información y la transparencia.
Otro logro clave es la incorporación de Fiscales de Carrera mediante un proceso riguroso y transparente que fortalece la independencia y profesionalismo del personal Fiscal. En mayo de 2025, se sumaron 60 nuevos fiscales institucionalizados en todo el país, consolidando el compromiso de esta gestión con el mérito y la formación especializada como base del servicio público, mismo que es considerado como un referente nacional y un modelo replicable para la evaluación y desempeño de servidores públicos.
La política de persecución penal también adoptó un enfoque más inteligente y estratégico, priorizando casos de alto impacto social, aplicando criterios de oportunidad y promoviendo mecanismos de conciliación penal para descongestionar el sistema judicial. En el marco de la reingeniería institucional, el Fiscal General elevó las Direcciones Nacionales a Fiscalías Superiores con el objetivo de articular estrategias investigativas que permitan fortalecer el trabajo técnico-jurídico en áreas especializadas y de alto impacto, tanto en materia penal ordinaria como en delitos en Razón de Género, Corrupción, Crimen Organizado, Narcotráfico y Derechos Humanos.
Este compromiso institucional fue de la mano con una de las acciones legislativas más importantes del último año, con la promulgación de la Ley N.º 1636 “Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, norma que fue presentada e impulsada directamente por el Fiscal General del Estado. Esta ley establece mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual en plataformas digitales, regula contenidos inapropiados en redes sociales y obliga a las plataformas digitales y proveedores de servicios a colaborar con las investigaciones penales.
Bajo esa misma línea, se fortaleció la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Superior en Razón de Género, mediante la implementación de equipos tecnológicos especializados gracias al apoyo de la cooperación internacional.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual impulsó importantes mejoras físicas y técnicas, mediante la inauguración de nuevas sedes fiscales, la ampliación y refacción de instalaciones fiscales, así como la apertura de plataformas de atención integral al público, incluyendo espacios adaptados para personas con discapacidad. La transformación en infraestructura va desde edificaciones en Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Pando hasta alianzas estratégicas que buscan consolidar espacios dignos, especializados y tecnológicamente avanzados para enfrentar los delitos más sensibles y brindar respuestas eficaces a la sociedad.
Asimismo, en este año se inauguró cinco nuevas Cámaras Gesell en los municipios de Cobija, San Ignacio de Velasco, Tarija y Uncía que cuentan con infraestructura adecuada y equipamiento de última tecnología que permiten brindar una atención más especializada a las víctimas gracias a los convenios de cooperación suscritos con los Gobiernos Autónomos Municipales y organismos sin fines de lucro o internacionales.
Desde el primer día de gestión, el Fiscal General mantuvo una política de puertas abiertas, realizando visitas e inspecciones a los distintos asientos fiscales del país, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades institucionales, supervisar el desempeño de los fiscales y garantizar una atención eficaz a la población.
En el marco de la mejora continua, el Fiscal General proyecta asumir nuevos desafíos como expandir la cobertura de servicios fiscales y forenses, garantizar la formación continua de fiscales y fortalecer la respuesta institucional frente a delitos emergentes como el cibercrimen y la violencia digital.
“Queremos invitar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a la academia y a los medios de comunicación a acompañar y fiscalizar este proceso de transformación, estoy convencido de que una justicia oportuna y de calidad es esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Al cerrar este primer año de gestión, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Fiscalía moderna, cercana al pueblo, transparente y eficiente”, concluyó Mariaca.
