Con el propósito de esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades en la compra y suministro de gasolina de mala calidad al mercado boliviano, la Comisión Especial de Investigación que ha conformado el Senado para ese efecto inició sus actividades la mañana de este martes en su primera reunión, en la que, por unanimidad, el senador Branko Marinkovic fue electo presidente de la misma.
La directiva de la comisión está conformada, además, por la senadora Teresa Alarcón como vicepresidenta, Claudia Mallón como primera secretaria y Rosalva Romero como segunda secretaria.
Marinkovic marcó una línea clara: la investigación no será superficial ni encubrirá responsabilidades. En ese sentido, la comisión aprobó una estructura de trabajo enfocada a determinar el origen de la contaminación del combustible, garantizar la trazabilidad completa del producto, desde su importación hasta su distribución, y establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La investigación se organizará en tres ejes estratégicos: técnico, para conocer qué ocurrió; administrativo, para identificar quién permitió que suceda; y de responsabilidad, para definir quién debe responder ante los daños generados a la población.
Como parte de este proceso, se convocará a autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos, además de especialistas, sectores afectados y actores privados. La comisión no descarta inspecciones en plantas y surtidores, así como la realización de peritajes técnicos que permitan llegar a la verdad de los hechos.
La hoja de ruta establece un plazo de hasta tres meses para la presentación de un informe final que no solo detalle los hallazgos, sino que también incluya sanciones y propuestas de reforma para evitar que este tipo de irregularidades vuelvan a perjudicar a la ciudadanía.
Desde la presidencia de la comisión, Marinkovic reafirmó que este proceso responde a una demanda ciudadana legítima y que el Senado asumirá su rol de fiscalización con firmeza, para que los responsables rindan cuentas ante el país.
