La Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitió un duro pronunciamiento contra el incremento salarial pactado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para este año, rechazando el aumento de 10% al Salario Mínimo Nacional y de 5% al haber básico.
La institución demanda su reconsideración para evitar “profundizar el estancamiento económico e impulsar una inflación descontrolada en el país”.
En su comunicado, la CNI advierte que la economía boliviana ya muestra señales de debilidad, con un crecimiento del Producto Interno Bruto que cayó al 2,1% a septiembre de 2024 —la tasa más baja desde los efectos de la pandemia— y proyecciones para 2025 que rondan apenas el 1% según organismos internacionales.
“El incremento salarial contraerá la demanda de productos formales nacionales, impulsando el contrabando y afectando al crecimiento del país”, alertan los industriales.
La entidad empresarial también subraya que la medida agravará la inflación ya elevada, pues la tasa acumulada a marzo de 2025 llegó al 13,87%. “El incremento salarial acordado promoverá una mayor inflación e incremento del tipo de cambio, reduciendo la competitividad de la producción nacional”, señala el texto.
En el ámbito fiscal, la CNI alerta que el sector público enfrenta ya un déficit que supera el 10,9% del PIB y que un alza de salarios elevará el gasto público, “agudizando la inestabilidad económica en el país e incrementando el riesgo país, ahuyentando a la inversión privada nacional e internacional”
Por otra parte, los industriales advierten sobre el impacto en las empresas privadas, sobre todo en las medianas y pequeñas, que enfrentan alzas de costos de importación, escasez de combustibles y divisas.
Frente a estos retos, el comunicado prevé que muchas compañías podrían verse obligadas a recortar plantilla, tercerizar servicios o incluso rescindir contratos, en un mercado laboral que ya arroja altos niveles de informalidad.
La CNI enfatiza igualmente que el esquema de aporte patronal —donde por cada Bs 100 de incremento salarial las empresas deben pagar Bs 48 adicionales en obligaciones sociales— encarece aún más la mano de obra y debilita la viabilidad financiera del sector privado.
Vía: La Razón
