Beltrán Flores Choque, comunario de la comunidad indígena Nueva Esperanza, en San Miguel de Velasco, fue castigado con una arroba de chicotazos (equivalente a 25 golpes) por decisión de autoridades originarias, tras ser acusado de agredir física y verbalmente a una comitiva de jueces indígenas territoriales.
El incidente ocurrió el pasado 27 de abril, cuando los jueces intentaban entregarle una notificación para que comparezca por una demanda relacionada con un conflicto de avasallamiento de tierras. Según la denuncia, Flores se negó a recibir el documento, desconoció la autoridad indígena y, junto con algunos familiares, agredió a los integrantes de la comitiva.
Ante su negativa a someterse al procedimiento, fue llevado por la fuerza ante el Consejo Indígena de Administración de Justicia de la Nación Chiquitana, en el municipio ancestral de San Miguel de Velasco. Durante una audiencia con las autoridades originarias, Flores insistió en negar las agresiones, lo que generó molestia entre los pobladores, quienes exigieron que se lo castigue conforme a los usos y costumbres, como escarmiento.
«Los jueces indígenas deben ser respetados por todos; no puede permitirse que una persona los agreda», declaró un excacique durante la reunión comunitaria.
Tras recibir el castigo frente a decenas de personas, Flores pidió disculpas a los miembros de la comitiva por lo sucedido. Posteriormente, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), encabezados por el comandante de San Ignacio de Velasco, Jhonny Ortuño Cartagena, se presentaron en el lugar y trasladaron a Flores para resguardar su integridad.
La intervención de la policía fue criticada por algunos comunarios, quienes señalaron que la Felcc no tomó la denuncia a tiempo. El comandante policial, por su parte, calificó de incorrecta la acción de aplicar justicia por mano propia y aseguró que la víctima está siendo evaluada por un médico para determinar la magnitud de las lesiones.
Por su parte, el fiscal Víctor Hugo Cervantes expresó su respeto por las normas comunitarias, pero cuestionó que la parte denunciante haya retenido a Flores y promovido un castigo público sin la intervención de las autoridades del Estado.