La Jefa Nacional de la Unidad de Asuntos Internacionales, María Luisa Herrera, informó que en virtud a que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, determinó la procedencia de la extradición de Maximiliano Dávila Pérez, en la gestión 2024, ese dictamen permitió que hoy fuera sentenciado en Estados Unidos a 25 años de prisión por los delitos de Conspiración para de Tráfico de Drogas y Conspiración para Tráfico y Uso de Armas.
“De acuerdo a los antecedentes, Maximiliano Dávila, ejerció funciones como Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en 2019, durante el último periodo del gobierno de Evo Morales. Posteriormente, fue objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses que establecieron presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, particularmente en relación con envíos hacia Estados Unidos”, explicó Herrera.
Agregó que, en enero de 2022, Dávila fue aprehendido en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, cuando intentaba salir del país. El Ministerio Público inició un proceso penal en su contra por Legitimación de Ganancias Ilícitas, mientras que otros antecedentes judiciales en Bolivia lo vinculaban a delitos como prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, amenazas, cohecho pasivo, concusión y estafa.
En 2022, Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición, activándose el procedimiento de extradición pasiva conforme a tratados internacionales y la normativa boliviana. El caso fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que analizó el cumplimiento de requisitos legales como la doble incriminación, la no persecución por delitos políticos y el respeto a las garantías judiciales.
La extradición se concretó en diciembre de 2024, en el marco de la coordinación interinstitucional y la cooperación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos. Una vez en territorio estadounidense, Maximiliano Dávila fue puesto a disposición de la justicia federal, donde actualmente enfrenta un proceso penal por cargos de conspiración para el tráfico internacional de drogas, entre otros delitos vinculados al narcotráfico.
