La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este lunes que las crisis económicas y sociales que atraviesan Cuba y Venezuela no son consecuencia de factores externos, sino el resultado directo de décadas de corrupción, negligencia administrativa y estructuras de poder diseñadas para sostener gobiernos autoritarios.
“La comunidad internacional debe seguir denunciando la falta de libertad, la corrupción, el nepotismo y la mala gestión económica de estos regímenes”, indicó la dependencia estadounidense en una declaración pública, difundida a través de su cuenta oficial en X. En el mismo mensaje, se responsabiliza directamente a los dictadores Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro de provocar y perpetuar la situación de colapso en sus respectivos países.
La oficina denunció que ambos regímenes “culpan al mundo de su incompetencia y fracasos”, pero sostienen modelos económicos que “se basan en la corrupción, el robo y el caos económico”.
Junto a la declaración, el Departamento de Estado compartió un artículo en el que se detallan las decisiones políticas y presupuestarias que, según Washington, agravan la precariedad en ambos países. En el caso de Cuba, se enfatiza el contraste entre el gasto en turismo de lujo y la escasez generalizada de bienes básicos. En Venezuela, se subraya el uso de los recursos estatales para sostener una estructura de represión interna y propaganda oficialista, a costa de servicios fundamentales como salud, alimentación y educación.
Según cifras citadas por la agencia EFE, en 2024 la dictadura cubano destinó más del 37% de su inversión nacional al sector turístico y hotelero, cifra que multiplica por once el gasto combinado en salud y educación. A pesar de esto, la ocupación hotelera se mantiene en torno al 30%. La mayor parte de estos recursos, indica el informe, benefician a conglomerados controlados por el ejército, como GAESA, FINCIMEX y CIMEX, que operan fuera del control civil y administran desde remesas hasta supermercados y cadenas hoteleras.
El Departamento de Estado sostiene que estos conglomerados actúan como brazos económicos del régimen, “sirviendo a la élite en el poder, no al público”. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan apagones recurrentes, escasez de combustible y una caída sostenida en la producción y disponibilidad de alimentos y medicinas. El documento subraya que “esto no son errores de políticas, sino características de un sistema diseñado para sostener el poder autoritario”.
En paralelo, la infraestructura civil se deteriora. La isla, que en el pasado se distinguió por sus exportaciones agrícolas y su sistema sanitario, hoy importa azúcar y enfrenta déficits médicos crecientes. Las inversiones públicas, en cambio, priorizan la construcción de hoteles y servicios turísticos estatales.
Fuente: Infobae
