La exjueza Margarita Medrano presentó una denuncia pública y formal ante el Consejo de la Magistratura contra funcionarios de Derechos Reales, a quienes acusa de haber cometido presuntas irregularidades en la eliminación de una partida computarizada vinculada a su patrimonio.
Según Medrano, la denuncia busca la apertura de un proceso disciplinario contra el registrador interino Rolando Peláez Ayala, además de otros funcionarios presuntamente implicados en el caso. La exautoridad asegura que existen pruebas documentales que respaldan su acusación, entre ellas certificaciones, informes técnicos y reportes emitidos por la Dirección Nacional de Informática.
De acuerdo con su versión, un informe elaborado por la ingeniera Maturano detalla la forma en que se habría procedido de manera irregular a la eliminación de una partida registrada legalmente. Medrano sostiene que este procedimiento habría sido ejecutado bajo la supervisión de Peláez Ayala.
La exjueza también señaló la participación de otros funcionarios, entre ellos un operador, el ingeniero Pedro Casteño —desde cuya computadora se habría realizado la eliminación— y Ronald Claros, quien presuntamente recepcionó documentación fuera del horario de atención, alrededor de las 17:00.
En su denuncia, Medrano afirma que estas acciones habrían tenido como objetivo favorecer al abogado Rodrigo Fernando Melgar Rivero y, en última instancia, al exministro Salvador Rivera, quien habría resultado beneficiado con la consolidación de un derecho propietario tras la supuesta eliminación del registro previo.
Asimismo, cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades competentes, señalando que, pese a que algunos funcionarios habrían tenido conocimiento de los hechos e incluso se adhirieron a la denuncia, no se inició ningún proceso de investigación ni se dispuso la suspensión de los implicados.
Medrano manifestó su preocupación por la seguridad jurídica de su patrimonio, asegurando que la partida desapareció del sistema sin dejar rastro, como si nunca hubiera sido registrada, pese a haber cumplido con todos los requisitos y pagos correspondientes, que —según indicó— superan los 17.500 bolivianos.
El caso ahora se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura, instancia que deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar las acciones correspondientes.
