El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que, gracias a las coordinaciones realizadas entre el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Potosí y el Servicio Departamental de Salud (SEDES), se ha implementó el Sistema de Administración de Hechos Vitales (SIAHV) para el personal Médico Forense del IDIF en esta región, que les permite emitir certificados de defunción para casos de muertes violentas.
“Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Salud, permitirá la generación y emisión digital de certificados de defunción específicamente en casos de muertes de etiología violenta, es decir, aquellas que requieren intervención forense por tratarse de hechos no naturales. Esta herramienta no solo facilitará el trabajo de nuestros médicos forenses, sino que también permitirá entregar certificados únicos y oficiales a los familiares de las víctimas, mejorando el acceso a documentación clave para trámites legales y personales”, destacó Aparicio.
Por su parte, la Directora Nacional del IDIF, Ana Katherine Ramírez, informó que partir de la fecha, los certificados de defunción por muertes violentas podrán ser emitidos por los médicos forenses del IDIF de Potosí, a través de esta plataforma digital y se proyecta ampliarlo a nivel nacional.
“Este mismo trabajo se implementó, inicialmente, en el IDIF de Santa Cruz, posteriormente en Oruro y ahora Potosí cuenta con este sistema que, gracias a las gestiones realizadas por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, mediante convenio, podremos ampliar este servicio a nivel nacional para la emisión de los certificados de defunción por muertes violentas, aportando con datos al Sistema Estadístico Nacional”, sostuvo Ramirez.
La capacitación sobre el uso del SIAHV se realizó de forma virtual con la participación activa de los médicos forenses del IDIF Potosí, quienes pudieron resolver dudas y familiarizarse con el sistema. Esta acción representa un paso importante en la modernización del trabajo forense y la articulación institucional entre el sistema judicial y el sector salud, en beneficio de la población y la administración de justicia en el país.
