El Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público ejecuta acciones coordinadas destinadas a la protección del medio ambiente y de los derechos colectivos, a través de inspecciones e intervenciones contra la minería ilegal en los municipios de Riberalta y Rurrenabaque.
“El Ministerio Público, en cumplimiento al mandato del Fiscal General del Estado, participa activamente en acciones de control y verificación que permitan frenar el avance de la minería ilegal, resguardar el medio ambiente y proteger los derechos de las comunidades indígenas”, señaló Mendoza.
En primera instancia, el Ministerio Público participó en la inspección ambiental institucional realizada por el Tribunal Agroambiental en el río Madre de Dios, sector Genechequoa y Miraflores, ubicado entre los departamentos de Beni y Pando. El objetivo fue verificar si las actividades mineras desarrolladas en la zona representan una amenaza para la biodiversidad, los recursos hídricos y la salud pública de las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II).
La participación se realizó a través de los fiscales Windsor Hernán Ortiz, de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, y Stevens Andrei Heredia Durán, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medio Ambiente, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas, quienes realizaron un recorrido técnico que permitió observar el estado del área, levantar información ambiental y registrar posibles afectaciones a los recursos naturales. En la actividad también participaron la Presidenta del Tribunal Agroambiental, Mgda. Roxana Chávez Rodas, efectivos de la Policía Boliviana, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y representantes de organizaciones ambientales.
Paralelamente, en el municipio de Rurrenabaque se desarrolló un operativo en la comunidad de Puerto Yumani, a 18 kilómetros del municipio de Rurrenabaque, donde la Capitanía de Puerto Mayor “Río Beni”, en coordinación con la Fiscalía de Rurrenabaque, a través del Fiscal, Raúl Rodríguez Pérez, la Policía Boliviana, autoridades comunales y con apoyo técnico de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), intervino una zona afectada por actividades de minería ilegal.
También se localizaron tres artefactos navales rústicos empleados para la explotación ilegal de oro aluvial, así como un campamento improvisado. Mediante el uso de un dron se detectaron estructuras de madera ocultas entre la vegetación, además de motobombas, tolvas, mangueras y otros implementos utilizados para la actividad ilícita. Ante esta situación, se procedió a la destrucción de las estructuras y al secuestro de los equipos, los cuales fueron entregados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su respectiva investigación.
