La fiscal Yolanda Aguilera Lijeron presentó recientemente una acusación formal contra el diputado del MAS, Rolando Enriquez Cuéllar, por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. El legislador podría enfrentar una condena de entre 2 y 6 años de prisión.
Este caso surge de un incumplimiento de una orden judicial relacionada con una acción de privacidad presentada por el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca Montenegro. La acusación se refiere a la desobediencia a resoluciones judiciales en el marco de una acción de privacidad.
A pesar de contar con una orden judicial que le prohibía divulgar información personal y familiar del fiscal Mariaca en sus redes sociales, Cuéllar continuó difundiendo contenido difamatorio, lo que derivó en el inicio de un proceso penal en su contra por no acatar la resolución.
El 13 de agosto de 2024, Cuéllar fue aprehendido en el garaje del Palacio de Justicia, tras no haberse presentado a declarar, y fue trasladado a las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), donde pasó la noche en celdas policiales.
En esa ocasión, el fiscal Mariaca explicó que presentó la acción de privacidad en defensa del bienestar de su familia, que estaba siendo difamada por el parlamentario.
De acuerdo con el Código Penal, en su artículo 179 bis, la desobediencia a resoluciones en acciones de defensa o de inconstitucionalidad puede ser sancionada con una pena de 2 a 6 años de reclusión para servidores públicos o personas particulares que incumplan tales resoluciones.
