El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, tiene cinco procesos penales abiertos en su contra, según datos de la Fiscalía de La Paz y del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Asimismo, el abogado de la parte denunciante Eduardo León confirmó que “Flores debe responder por cinco procesos penales”, vinculados a corrupción y daño económico al Estado.
El primer caso al que se enfrenta el exgerente es por presuntas irregularidades en la planta procesadora de papa en El Alto. Por su parte, el fiscal departamental Carlos Torrez informó que ya existe una orden de aprehensión contra de Flores por incumplimiento de su detención preventiva. “Flores salió de su domicilio con permiso judicial, pero no asistió al interrogatorio en dos oportunidades y ya no habita el lugar”, explicó. La Fiscalía sostiene que el juez Hugo Huacani ignoró los riesgos de fuga expuestos por el Ministerio Público.
El segundo proceso está relacionado con un posible enriquecimiento ilícito durante su gestión en Emapa. De acuerdo con la Contraloría General del Estado, Flores declaró Bs 2,8 millones en activos y tres bienes, pese a percibir un salario mensual de Bs 15.950. “Tendría que haber ahorrado 14 años de salario para justificar ese monto”, indicaron las autoridades.
El tercer caso involucra irregularidades en una planta piscícola en el Lago Titicaca. Torrez detalló que hay otras cuatro personas investigadas por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. El fiscal señaló que este proyecto, destinado a fortalecer la producción pesquera, “nunca funcionó adecuadamente y generó pérdidas para el Estado”.
El cuarto proceso es por un presunto sobreprecio en la compra de harina para la subvención. Este caso también involucra al dirigente panificador Rubén Ríos. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, denunció que Flores y funcionarios de Emapa, junto a dirigentes panificadores, “se valieron de la necesidad de la población” para malversar parte de los recursos destinados a mantener el precio del pan. Además, reveló “un daño económico de 300 millones de bolivianos” en este negocio.
El quinto proceso fue anunciado por Justiniano tras la intervención a Emapa. Una comisión interdisciplinaria detectó “un presunto daño económico que supera los 95 millones de bolivianos” en apenas 12 días de investigación. El ministro afirmó que las acciones serán contundentes. “Se presentarán denuncias penales contra quienes, desde Emapa o desde el sector privado, hayan ocasionado perjuicio al Estado”, advirtió.
