El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, lanzó el Portal de Datos Abiertos del Ecosistema ROMA, una plataforma del Ministerio Público boliviano que democratiza la información estadística institucional y pone a disposición de cualquier ciudadano, periodista, investigador o universidad, datos reales, descargables, analizables y verificables sobre delitos, procesos penales y resultados del sistema de justicia penal.
«Hoy no lanzamos simplemente una plataforma, hoy marcamos el inicio de una nueva relación entre el Ministerio Público y la sociedad boliviana, una relación fundada en la apertura, el acceso a la información, en la evidencia y en la confianza. La justicia ya no será una caja negra, será un libro abierto donde cada boliviana y cada boliviano pueda leer, cuestionar y contribuir», afirmó Mariaca.
La autoridad explicó que el portal preserva la riqueza de los datos para el análisis ciudadano, adoptando todas las precauciones necesarias para proteger la privacidad de víctimas e involucrados, eliminando cualquier información que permita identificar a personas específicas.
Esta plataforma está dirigida a universidades que investiguen las causas profundas de la criminalidad, a medios de comunicación que verifiquen el trabajo institucional con cifras reales, y a organizaciones sociales, fundaciones y centros de pensamiento que propongan políticas públicas basadas en evidencia concreta, no en intuiciones ni en ideología.
El lanzamiento del Portal de Datos Abiertos, desarrollado por personal del Ministerio Público, marca el inicio de una nueva etapa en la que el Ministerio Público se convierte en una institución que rinde cuentas de manera permanente, estructural e institucionalizada ante la sociedad. Con este portal, Bolivia cuenta hoy con una Fiscalía que no pide confianza, que la construye dato a dato, caso a caso y día a día, consolidando un modelo de justicia verdaderamente participativa, responsable y de puertas abiertas para todos los bolivianos.
Con este paso histórico, la Fiscalía General del Estado se convierte en la primera institución de justicia del país en abrir su base de datos al escrutinio público, respondiendo a preguntas que la ciudadanía llevaba años formulándose: cuántos casos se resuelven, dónde ocurren los delitos y a quiénes afectan.
