La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó hoy que el dictador Nicolás Maduro oculta los resultados que dieron la victoria electoral a Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024 y mantiene vigente un poderoso sistema de represión ilegal para perpetuarse en el poder.
La presentación en la OEA fue formalizada por Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una reunión del Consejo Permanente del foro regional.
El secretario General, Albert Ramdin, no participó en la presentación de la CIDH, pese a la importancia del asunto para la agenda de América Latina. En su lugar, a través de un discurso liviano y formal, tomó la palabra Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia.
La relatora Mees leyó una actualización de cinco fojas sobre la situación política y social en Venezuela, que confirma que Maduro lidera un aparato represivo destinado a proteger la dictadura caribeña ante los reclamos de la oposición política.
-«Más de un año después, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro. Esta negativa a proporcionar incluso los datos electorales más básicos viola las leyes nacionales y las normas internacionales. Arroja una larga sombra sobre la credibilidad del proceso electoral y priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad sobre su voto».
-“Las consecuencias de este controvertido proceso han ido más allá de las preocupaciones por la transparencia. Se han cometido sistemáticamente actos de represión estatal y graves abusos contra los derechos humanos».
-“El propio Maduro declaró públicamente que más de 2.000 personas habían sido detenidas en relación con las protestas postelectorales. El fiscal general de Venezuela confirmó que 25 personas habían muerto en ese mismo contexto. De las 25 muertes documentadas, 24 fueron causadas por heridas de bala en la cabeza y el tórax, y una por una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); las demás eran todas civiles».
-“Fue también el Estado el que admitió la detención de cientos de adolescentes, muchos de ellos procedentes de zonas de bajos ingresos, que fueron arrestados durante las manifestaciones o en operaciones selectivas denominadas por las autoridades «Operación Tun Tun»“.
-“Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas, ni se han tomado medidas significativas para investigar estas muertes o proteger los derechos de los que siguen detenidos. Muchas de las detenciones se han convertido en detenciones arbitrarias prolongadas y desapariciones forzadas. Decenas de presos políticos siguen recluidos sin acceso a asistencia letrada ni contacto con sus familias, en condiciones que pueden constituir tortura o trato inhumano».
Fuente. Infobae
