La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela a la acción de amparo constitucional presentada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en representación de una madre de tres niños diagnosticada con cáncer. De esa forma se ordenó su reincorporación laboral y el pago de salarios devengados, Con la medida se sienta jurisprudencia en defensa de los derechos laborales de pacientes oncológicos.
“Este es un gran logro en el sentido de que va a beneficiar a todas las personas enfermas con cáncer en su actividad laboral. Para que se cumpla la normativa que les da estabilidad laboral, a sola presentación de un certificado médico de un especialista oncológico”, señaló el Defensor del Pueblo en un acto desarrollado en el Hospital Obrero 30, ubicado en la zona Santiago Segundo, de El Alto.
La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la denuncia de desvinculación de una madre de tres niños. La mujer fue diagnosticada con cáncer en el transcurso de su contrato eventual en la Cámara de Senadores.
Ante la situación, se iniciaron las gestiones defensoriales en la vía persuasiva. Para restituir a la madre y sus hijos, su derecho a la salud, alimentación, estabilidad laboral y seguridad social.
AMPARO CONSTITUCIONAL
Al no tener respuesta favorable, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Y, a través de la Sala Constitucional Tercera se concedió tutela y ordenó la inmediata reincorporación de la madre a un cargo similar al que ocupaba antes de la conclusión de su contrato. También la reafiliación al Seguro de Salud para que continúe con sus tratamientos, el pago de salarios devengados y la no repetición del caso.
El fallo, no sólo restituye el derecho a la salud. También establece un precedente jurídico de reconocimiento y protección a la estabilidad laboral de las personas que padecen cáncer.
“Estamos pidiendo el respeto al ser humano. No nos pueden decir que no hay dinero, cuando hay muchos actos de corrupción que afectan la materialización del derecho a la salud con calidad. Debemos preservar el fundamento de los derechos humanos: la vida del ser humano”, remarcó la autoridad defensorial exigiendo al Gobierno atender las múltiples demandas en hospitales del país.
La Ley 1223 del Cáncer y el Decreto Supremo 4881 establecen medidas específicas para proteger la estabilidad laboral de las personas con cáncer. Su derecho a la salud y acceso a la seguridad social.
Fuente: La Razón
