Tras el pedido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para que los magistrados “autoprorrogados” dejen sus cargos, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, ratificó que las actuales autoridades permanecerán en funciones hasta que sean electos sus reemplazos mediante votación.
“Lo hemos manifestado de forma clara y precisa: existe una declaración constitucional que respalda nuestra continuidad. Ahora corresponde a la Asamblea Plurinacional completar la etapa de preselección en los departamentos donde aún está pendiente. Nosotros nos mantendremos en el cargo hasta que lleguen nuestras sustituciones”, afirmó Hurtado en entrevista con radio Fides.
La declaración responde a las críticas de Saucedo, quien acusó al TCP de ser una de las instituciones que más daño ha causado al país y a la democracia, debido a la permanencia de los magistrados prorrogados.
“No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad. La Asamblea ya aprobó en el Senado una ley para cesar su mandato, y solo falta su tratamiento en Diputados. Hay dos caminos: que renuncien de inmediato por falta de legalidad y legitimidad, o que sean expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, escribió Saucedo en un comunicado.
La posición del presidente del TSJ fue respaldada por los titulares del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, quienes también instaron a la Asamblea Legislativa a acelerar el tratamiento del proyecto de ley que dispone el cese de funciones de los magistrados prorrogados.
Hurtado, por su parte, reiteró que la sucesión en el TCP debe realizarse conforme establece la Constitución, y que la responsabilidad de iniciar el proceso recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa.
“La declaración constitucional señala que la elección debe realizarse lo antes posible”, recordó. Además, sugirió consultar a la Asamblea si la preselección se llevará a cabo en la presente gestión o será responsabilidad de la futura Asamblea, que surja de las elecciones generales.
Fuente: La Razón
