La Cámara de Senadores aprobó este martes, por mayoría superior a dos tercios, la Resolución Camaral emergente del informe presentado por la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, en relación con los hechos acontecidos el 26 de junio de 2024.
La parte resolutiva —leída en sala por el segundo secretario, senador Julio Romaña— establece nueve determinaciones concretas, dirigidas principalmente al Fiscal General del Estado, que involucran a exautoridades del Ministerio de Gobierno, altos mandos policiales, fiscales y oficiales militares, con el objetivo de otorgar celeridad a procesos de investigación y revisión administrativa vinculados a esos hechos.
𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
Entre sus principales disposiciones, la Resolución instruye al Fiscal General “agilizar y otorgar la celeridad” a procesos de investigación contra el exministro de Gobierno Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía Máximo Jhonny Aguilera Montecinos y el exviceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ignacio Ríos Sanjinés, por la “presentación pública de ciudadanos aprehendidos sin autorización expresa ante medios nacionales e internacionales”, en contravención al ordenamiento jurídico vigente.
Asimismo, dispone acelerar investigaciones por la elaboración y difusión del documental “Qué pasó el 26-J en Bolivia”, en cuya producción —según el documento— se habrían utilizado recursos humanos y económicos del Estado, exponiendo nuevamente fotografías y datos de ciudadanos investigados “sin autorización expresa”.
En ambos puntos, la Resolución menciona expresamente a las exautoridades señaladas, vinculando las investigaciones tanto a la exposición pública de aprehendidos como a presuntos actos de coacción.
𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
El documento también instruye dar curso a investigaciones contra exservidores públicos que, según el texto aprobado, habrían presentado memoriales judiciales modificando artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores, “subsumiendo su conducta en delito de falsedad ideológica”.
De igual manera, se solicita investigar actuaciones que habrían “impedido y estorbado el ejercicio de funciones” de senadores nacionales, incluyendo la restricción de ingreso a recintos penitenciarios y la presunta obstaculización de labores de fiscalización parlamentaria. En este marco, se advierte posibles indicios de delitos como Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Prevaricato e Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones, tipificados en el Código Penal.
𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬
La Resolución dispone al Consejo de la Magistratura “realizar auditorías jurídicas a los procedimientos abreviados concedidos” en casos vinculados a los hechos investigados, a fin de determinar posibles responsabilidades de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
En el ámbito militar, instruye dar celeridad a investigaciones contra oficiales que conformaron tribunales internos por haber emitido “resoluciones contrarias a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, disponiendo de manera irregular la baja definitiva de personal militar vinculado a los hechos de junio de 2024, vulnerando —según el texto— plazos procesales y derechos constitucionales.
También se dispone que el secretario General de la Cámara de Senadores remita antecedentes al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, mediante el Ministerio de Defensa, para la revisión de procesos sumarios administrativos generados durante y después de los hechos del 26 de junio de 2024, con fines de fiscalización.
𝐀𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨
En la anterior legislatura se conformó una Comisión Especial de Investigación para examinar los sucesos del 26 de junio de 2024, cuyo informe fue aprobado en su momento por el pleno. En el marco del procedimiento parlamentario, dicho documento fue posteriormente remitido a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, instancia que elaboró el informe considerado y aprobado en la sesión de este martes.
La Resolución lleva la firma de la presidenta de la Comisión, senadora Judith García, junto a las senadoras Ana Karina Velasco y Paola López.
Con esta determinación, el Senado formaliza recomendaciones institucionales orientadas a que las instancias competentes continúen y aceleren las investigaciones y revisiones correspondientes, en el marco de sus atribuciones constitucionales.
𝐃𝐚𝐭𝐨: ¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐥?Una Resolución Camaral es un instrumento formal mediante el cual una Cámara ejerce sus atribuciones constitucionales y reglamentarias sin generar una ley. No modifica el ordenamiento jurídico general, pero expresa una decisión institucional del pleno, puede aprobar informes, emitir recomendaciones, instruir remisiones de antecedentes y activar mecanismos de fiscalización. Es una herramienta central en el ejercicio del control parlamentario.
