Cuando el gobierno mexicano anunció que celebraría la elección judicial más grande del mundo —en la que los votantes elegirían a miles de magistrados y una Corte Suprema completamente nueva— esperaba traer caras nuevas al sistema legal.
Sin embargo, aquí está Silvia Delgado, de 51 años, con un ajustado minivestido negro y tacones de diez centímetros, repartiendo folletos y sonriendo radiante a los vendedores de un mercadillo dominical. Hace ocho años, fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando fue extraditado de la prisión-fortaleza de esta ciudad a Nueva York.
Acompañó a su esposa, la reina de belleza Emma Coronel, durante el juicio en Estados Unidos que culminó con su cadena perpetua. Ahora Delgado aspira a ser jueza penal en un estado donde el cártel de Sinaloa de El Chapo sigue siendo poderoso. “¡Espero contar con su voto!”, grita a los cazadores de ofertas.
Las elecciones judiciales del 1 de junio, concebidas como un ejercicio radical de democracia, se han visto cada vez más eclipsadas por la preocupación por la penetración de grupos narcotraficantes. La Iglesia Católica y el gobierno estadounidense han advertido que los narcos podrían intentar someter a sus propios candidatos a la magistratura.
Se han producido una serie de revelaciones alarmantes sobre los candidatos. Uno de ellos fue abogado de un líder de los Zetas, un cártel que hizo desaparecer a miles de personas. Otro candidato cumplió seis años en una cárcel de Texas por posesión de metanfetamina.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que los escándalos involucran solo a un pequeño número de candidatos. Los juristas han advertido que no es un delito defender a un presunto narcotraficante; Delgado afirmó que brindó “la misma defensa que en cualquier otro cargo” a El Chapo, un legendario narcotraficante cuyas hazañas fueron narradas en dos series de Netflix.
Sin embargo, los analistas legales afirman que los informes sobre candidatos cuestionables ponen de relieve la deficiente selección del gobierno mexicano, que impuso pocos requisitos a los candidatos. Hasta ahora, la mayoría de los jueces se seleccionaban mediante un sistema de servicio civil basado en exámenes y experiencia. Con las nuevas normas, temen los juristas, los candidatos deberán su elección no al sistema judicial, sino a grupos que pueden conseguir votos para ellos, incluyendo al crimen organizado.
El gobierno de Sheinbaum, afectado por las revelaciones, ahora está tomando medidas para excluir al menos a 18 candidatos judiciales. Pero los analistas afirman que la amenaza va más allá del puñado de “narcoabogados” destacados en los medios. Los narcotraficantes ya han demostrado su influencia política al instalar a decenas de alcaldes en ciudades mexicanas en los últimos años. ¿Por qué no intentarían imponer discretamente a sus propios jueces?.
Vía: Infobae
