El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunció este lunes que el Instructivo N° 18/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena la revisión de las medidas de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, responde a un “cálculo político”.
“El instructivo 18, si hubiera considerado a todas las personas con detención preventiva a nivel nacional, habría sido una medida justa. Pero solamente contempla a tres personas, a quienes ya se las presenta como presas políticas y perseguidos políticos. Ahí está la connotación de cálculo político, de favorecer a los que son de la línea de derecha”, sostuvo Inca, en entrevista con Radio Éxito.
El activista cuestionó que el TSJ ignore la situación de más de 30.000 personas privadas de libertad bajo detención preventiva en todo el país. “Liberamos a sus tres compañeros, pero nos olvidamos de las víctimas”, enfatizó Inca. A su juicio, la disposición judicial envía un “mensaje político” a figuras de la oposición como Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y Manfred Reyes Villa.
El pasado viernes 22 de agosto, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, firmó el instructivo 18/2025, ordenando a los tribunales departamentales revisar -en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación- los plazos legales de detención preventiva en los procesos que involucran a Áñez, Camacho y Pumari.
“Todo apunta a que el Tribunal Supremo de Justicia está haciendo un trabajo de llevarse bien con el nuevo gobierno, porque también la Asamblea Legislativa tiene dos tercios y con dos tercios el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Romer Saucedo) puede ser llevado a juicio de responsabilidades o los magistrados (…). Pero se olvidan de una totalidad de personas que también están con detención preventiva por más de 2, 3 años y sobre eso el Tribunal Supremo no se pronuncia”, reprochó en entrevista con Radio Pio XII.
Este lunes se llevarán a cabo las audiencias para revisar la situación jurídica de los implicados en el caso denominado “Golpe de Estado”. En el caso de Áñez, también se analiza si corresponde su paso a un juicio de responsabilidades, lo que implicaría apartarla del proceso penal ordinario
