El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, participó hoy de la inauguración del “Instituto Ser y Convivir: para la Formación de Profesionales en el Área de Violencia Sexual e Infancia Temprana”, impulsado por la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), en la ciudad de Cochabamba, donde la autoridad reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para brindar respuestas eficaces, humanas e integrales a las víctimas de violencia sexual, principalmente a niñas, niños y adolescentes.
“Nuestro firme compromiso institucional es garantizar que no exista impunidad frente a estos delitos y trabajar de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil que, como FUBE, aportan desde la cercanía, la sensibilidad y la experiencia. Solo uniendo esfuerzos podremos avanzar hacia una sociedad que verdaderamente proteja a nuestras niñas, niños y adolescentes, que no calle frente a la violencia y que, en lugar de indiferencia, brinde respuestas efectivas, humanas y justas”, sostuvo Mariaca durante el acto de inauguración.
La Máxima Autoridad del Ministerio Público aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso con la defensa de la niñez boliviana, en ese marco, ponderó la vigencia de la Ley N° 1636 “para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, que fue impulsada desde la Fiscalía General del Estado y que representa un avance en la prevención y sanción de nuevas formas de violencia.
“Esta norma refuerza nuestro marco legal para enfrentar nuevas formas de agresión que se manifiestan en el ciberespacio y nos impulsa a redoblar esfuerzos en la capacitación de operadores de justicia, educadores y familias, para garantizar una protección efectiva también en el entorno digital”, dijo la autoridad.
El Instituto Ser y Convivir nace como una respuesta concreta a la necesidad de formar profesionales especializados que actúen desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. El Fiscal General del Estado aseguró que esta iniciativa fortalece las capacidades institucionales del país para atender de forma efectiva los casos de violencia sexual infantil.
