El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la Fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, ambos acompañados de sus equipos técnicos especializados, participaron de la “Reunión Técnica Binacional Perú-Bolivia: Disrupción de las Redes de Trata de Personas y Estrategias Antilavado en Contexto de Economías Ilegales”, en la ciudad de Lima, Perú, con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral y las capacidades técnicas de las y los fiscales de ambos países, priorizando la investigación penal efectiva y coordinada frente a delitos complejos como la trata de personas y el lavado de activos.
“La trata de personas y el lavado de activos son delitos profundamente conectados con estructuras criminales transfronterizas, por ello, necesitamos respuestas coordinadas, basadas en el intercambio de información en tiempo real, investigaciones conjuntas y el compromiso firme de nuestras instituciones para adoptar enfoques comunes frente al crimen transnacional que le hace tanto daño a nuestros países, pero sobre todo a la población”, sostuvo Mariaca.
La reunión técnica se desarrolló el 28 agosto de 2025 en instalaciones del Ministerio Público del Perú y el 29 de agosto en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Lima. Esta iniciativa fue coordinada entre la UNODC, la Jefatura Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Bolivia y la Fiscalía de la Nación del Perú.
Durante el evento se analizaron estrategias conjuntas que permitan implementar herramientas de cooperación judicial internacional, como Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), órganos mixtos de investigación o investigaciones conjuntas paralelas coordinadas, ajustadas a las necesidades específicas de los casos presentados. Estos mecanismos buscan articular respuestas más efectivas frente a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
La experiencia compartida entre fiscales de ambos países permitirá avanzar en investigaciones más complejas, proteger a las víctimas y perseguir penalmente a las redes criminales que lucran con la vulnerabilidad de las personas y la economía ilícita en la región
