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Investigan tráfico de combustible en Beni tras hallazgo de 10 tanques de diésel

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público aperturó un caso por el delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oil, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP), luego de un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR-Trinidad). Durante el procedimiento se interceptó un vehículo que transportaba combustible de forma ilícita, procediéndose a la aprehensión de una persona que será puesta ante autoridad jurisdiccional en las próximas horas.

Entre los indicios colectados se encuentran el informe de acción directa, un muestrario fotográfico que evidencia la cantidad de diésel transportado, el vehículo intervenido, además de la incautación del combustible y otros elementos vinculados al hecho que serán investigados, estas acciones se desarrollan en el marco de las directrices del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, orientadas a combatir este tipo de delitos que afectan al país», explicó Mendoza.

Por su parte, el Fiscal del caso, Mauricio Roca, señaló que el hecho se registró el 16 de noviembre de 2025, aproximadamente a horas 22:30, en la carretera San Ignacio de Moxos – San Borja. En el operativo coordinado entre UMOPAR y la Fiscalía se logró interceptar un camión blanco, sin placa de control, que trasladaba 10 tanques de almacenamiento con diésel, motivo por el cual se procedió a la aprehensión del conductor, quien no contaba con documentación que acredite la legalidad del transporte ni la procedencia del combustible.

El conductor manifestó ser solo el chofer y que los presuntos propietarios del camión y del combustible serían Eddy L. y Magaly A. Q., quienes aparentemente se encontraban en una vagoneta color guindo que se dio a la fuga al percatarse de la presencia policial. La Fiscalía continúa con las investigaciones en el marco del debido proceso, con el objetivo de determinar responsabilidades y desarticular posibles redes de comercialización ilegal de combustible que perjudican la economía del Estado y la seguridad de la población.