El ejecutivo de la Confederación Agrícola Oriental (CAO), Klaus Frerking, aseguró que el sector productivo no se prestará a los intereses políticos que se esconden tras los bloqueos y movilizaciones que afectan a diferentes regiones del país y, en ese sentido, coincidieron con el gobierno en aceptar la derogación de la Ley 1720.
Tras una reunión prolongada con autoridades ejecutivas y representantes del Poder Legislativo, Frerking confirmó que la prioridad de los productores es garantizar el trabajo, la producción y el abastecimiento de alimentos, y afirmó que los agricultores buscan soluciones concretas en lugar de confrontación. «Buscamos una Bolivia viable, una Bolivia donde se pueda trabajar», dijo, y señaló que el sector no acudió con exigencias, sino con propuestas orientadas a generar empleo y estabilidad económica. «No traemos una petición, traemos propuestas concretas que nos permitan generar empleo y un futuro para el país. No lo destruimos», concluyó.
Frerking también hizo hincapié en que los productores mantendrán sus demandas en materia de seguridad jurídica y productividad, aunque descartó respaldar medidas extremas o conflictos políticos. «El sector productivo exige poder trabajar, reglas claras y que se les deje claro que jamás renunciaremos a nuestras reivindicaciones ni a nuestra seguridad jurídica», afirmó.
Asimismo, cuestionó a quienes, según él, financian movilizaciones con fines políticos. «Para un caso extremo de personas que financian políticamente bloqueos y marchas, el sector no se va a prestar a esa excusa», agregó, y pidió que se garantice el libre tránsito y el suministro de alimentos a ciudades afectadas como La Paz, El Alto, Oruro y Potosí. «Respetamos la democracia y les pedimos a nuestros senadores que crean en el país y que facilitemos el tránsito y el suministro de alimentos a las ciudades», expresó.
El presidente del Senado, Diego Ávila, también participó en la reunión con las autoridades nacionales, con quienes se acordó iniciar un proceso de consenso para elaborar una nueva normativa sobre conversión de tierras en un plazo de 60 días. «Las comisiones agropecuarias departamentales van a empezar a generar un consenso en cada departamento, para que en 60 días tengamos una nueva ley de conversión de pequeños a medianos productores», explicó.
El anuncio se produce mientras la Cámara de Senadores mantiene en la agenda de la sesión de este martes el tratamiento del proyecto de ley que busca derogar la Ley 1720, norma que ya fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes. Tras el pronunciamiento de la CAO, el líder de Unidad Samuel Doria Medina se expresó en sus redes sociales y pidió a sus colegas que apoyen la derogación de la norma para pacificar el país.
Mientras tanto, a las puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sectores campesinos de Pando y Beni organizaron protestas para exigir que el Senado inicie el período ordinario de sesiones y proceda con la anulación del gobierno.
Fuente: Brújula Digital
