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Escuela de Fiscales capacita a fiscales en derecho probatorio y teoría de la prueba

El Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano Ramos, informó hoy que se llevó adelante el Curso de Derecho Probatorio, Teoría de la Prueba y su Aplicación en la Función Fiscal, dirigido a fiscales de materia a nivel nacional con el objetivo de dotarlos de herramientas necesarias para que puedan interponer los distintos medios de prueba ante el Órgano Judicial.

“Desde la Fiscalía General del Estado implementamos líneas de acción para la transformación del Ministerio Público, entre las que se encuentran la capacitación y actualización permanente de los fiscales de materia y personal de apoyo. En ese marco, se realiza este curso con el objetivo de dotarles de los conocimientos necesarios para que ustedes puedan dominar los conceptos fundamentales del derecho probatorio y el derecho a la prueba, así como los procedimientos para interponer los distintos medios de prueba, con el fin de generar convicción en los tribunales sobre la veracidad de la teoría del caso y la responsabilidad del imputado”, dijo El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, durante la inauguración del curso.

El curso se realiza del 9 al 20 de junio de 2025, de manera virtual a través de la plataforma Zoom de la Escuela de Fiscales, tiempo en el que los participantes adquieren conocimientos clave para la correcta interpretación y aplicación de la prueba dentro del proceso penal.

Durante las sesiones, el docente nacional especializado en la materia, Diego Valdir Roca, fue el encargado de impartir las clases, donde se trabaja los conceptos fundamentales del derecho a la prueba, la valoración probatoria, la sana crítica y la construcción de acusaciones sólidas basadas en medios probatorios efectivos. También se profundizó en los procedimientos adecuados para interponer los diferentes tipos de pruebas ante los órganos judiciales.

Asimismo, durante el curso, se subrayó la importancia de la aplicación de la teoría de la prueba de manera que se garantice una justicia más transparente y equitativa, respetando siempre los principios constitucionales.