A menos de dos meses del cambio de Gobierno en Bolivia, surgieron pedidos para activar una alerta migratoria temporal contra el presidente Luis Arce y sus ministros con el objetivo de que respondan ante la Justicia por presuntos casos de corrupción.
El diputado oficialista Rolando Cuéllar, antiguo aliado y defensor del arcismo, presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se aplique la Ley de Arraigo contra el presidente una vez que termine su mandato en noviembre.
“Ya no puede salir del país ni sus ministros. En ese sentido le pedimos al fiscal general (que) dé el cumplimiento para que este gobierno permanezca en el país y rinda cuentas por el acto de corrupción”, declaró Cuéllar a los periodistas en la ciudad de Sucre.
El legislador también informó que este miércoles presentará una proposición acusatoria contra el mandatario por el caso de presunto sobreprecio en la compra de combustibles, a través de una empresa intermediaria. Con la acusación se podría abrir un juicio de responsabilidades contra Arce.
En esa misma línea se expresó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una influyente organización regional que representa intereses económicos y sociales, Stello Cochamanidis. En una rueda de prensa, manifestó que “debe haber alerta migratoria para todos los que son parte de este Gobierno” y que ésta se debe ampliar al “círculo inmediato y familiar” de las autoridades porque “muchos negociados se convirtieron en clanes familiares”, sin precisar a cuáles se refiere
Ambos actores políticos consideran que esta medida evitará la impunidad en presuntos casos de corrupción y obligará a las autoridades a rendir cuentas. El pedido se fundamenta en una ley que establece que el Presidente, los ministros y otras altas autoridades deben permanecer en territorio nacional por tres meses luego de dejar el cargo.
Esta norma, que fue promulgada por la senadora Eva Copa en 2020 durante el gobierno interino de Jeanine Añez, genera controversia porque algunas personas la consideran inconstitucional y que atenta contra los derechos civiles de las ex autoridades.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan señala que el arraigo o la alerta migratoria deben ejecutarse en el marco de una investigación como medida precautoria. De lo contrario, se violan derechos civiles como la libre circulación y la presunción de inocencia.
“Esta ley es inconstitucional y violenta las garantías jurisdiccionales de una persona, independientemente del color político y la gravedad del hecho”, explicó a Infobae.
Fuente: Infobae
