El abogado Marco Miguel Aparicio Roca expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesan las colonias menonitas en San José de Chiquitos, calificando de “irrisorio e injustificado” el proceso judicial impulsado por una sola persona contra miles de familias productoras de la zona.
“Estamos frente a un hecho sin precedentes, donde una persona pretende imponer su voluntad a más de 4.000 o 5.000 familias menonitas, solo porque no se le prestó maquinaria de uso privado. Como no accedieron, ha iniciado una denuncia por racismo y discriminación sin ningún sustento legal ni lógico”, señaló Aparicio.
El jurista cuestionó la falta de respeto a derechos fundamentales como el trabajo y la propiedad privada. “¿Por qué se debe obligar a alguien a prestar su maquinaria sin recibir remuneración alguna? Esto vulnera las normas básicas de convivencia y atenta contra la libertad económica”, enfatizó.
Aparicio también apuntó a una presunta estrategia política y económica detrás de la denuncia. “Se han filtrado audios donde se menciona supuestos pagos al presidente de la ABT, al presidente Luis Arce, a ministros y operadores de justicia para manipular el proceso. Esto debe investigarse con urgencia”, advirtió.
Según el abogado, su cliente —miembro de la colonia Nueva Esperanza— fue citado a declarar este martes, pero se acogió al derecho al silencio, al considerar que no hay ninguna responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. “Lo único que buscan es intimidar y presionar”, declaró.
Asimismo, acusó a dirigentes que se autodenominan “originarios campesinos” de participar en un esquema de tráfico de tierras: “Adquieren predios, los dividen entre seis o siete familiares y luego los venden hasta en 100 mil dólares. Ahora quieren cuestionar cómo los menonitas compraron legalmente sus tierras, pese a que existe respaldo bancario de préstamos.”
Finalmente, Aparicio lanzó una advertencia preocupante: “Las colonias menonitas han dicho que, si no encuentran justicia, analizarán en asamblea la venta de sus tierras e incluso su salida del país. Eso sería gravísimo para la región y para Bolivia, porque hablamos de comunidades productivas que aportan directamente a la economía nacional.”
El abogado anunció que recurrirá a acciones legales, incluyendo recursos de libertad y amparo constitucional, para detener lo que considera un intento sistemático de avasallamiento encubierto.
