Una jornada marcada por la violencia dejó un saldo de 22 personas heridas, entre ellas cinco mujeres funcionarias municipales que fueron retenidas, agredidas psicológicamente con humillaciones extremas como el corte del cabello, en un hecho que refleja el deterioro de la convivencia social y el uso político de la protesta en el municipio de Colcapirhua.
Por su parte, Manfred Reyes Villa condenó los hechos: “Condenamos con absoluta firmeza el accionar delincuencial que dejaron 22 heridos, funcionarias secuestradas que sufrieron maltrato psicológico y físico mientras apoyaban en la tarea de trasladar la basura a la celda de emergencia autorizada por distintas instancias de Cochabamba»
A su vez, volvió a reafirmar que la crisis de la basura es un tema netamente político: “Bolivia necesita recuperar la institucionalidad, el respeto a la Ley y a la autoridad para no sufrir humillaciones por el capricho político de unos cuantos generando perjuicios para todos”.
Los enfrentamientos se generaron por la negativa de ciertos grupos de vecinos y actores políticos a permitir el ingreso de desechos sólidos a la celda de emergencia habilitada legalmente por instancias departamentales.
Desde hace 15 días, la ciudad de Cochabamba enfrenta una emergencia sanitaria debido al cierre del relleno sanitario de K’ara K’ara, lo que generó la acumulación de toneladas de basura en las calles.
Ante esta situación, la Alcaldía de Cochabamba intentó trasladar los residuos a una celda de emergencia que fue debidamente autorizada y habilitada, sin embargo, la medida fue rechazada por pobladores y autoridades de Colcapirhua, que bloquearon las vías de acceso, la avenida Blanco Galindo y también la Capitán Víctor Ustáriz, impidiendo el paso de los camiones recolectores.
Este grupo alega que el municipio “se llenará de basura”, que se generaría una fuerte contaminación ambiental. El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, lideró las protestas y denunció que la celda de emergencia carece de licencia ambiental, calificando su funcionamiento como ilegal.
Sin embargo, una reciente inspección técnica reveló que la planta de tratamiento de este municipio es altamente contaminante, peligrosa para la salud pública y el medio ambiente, al no cumplir estándares mínimos de tratamiento de residuos.
En contraste, la celda de emergencia cumple con un tratamiento adecuado y representa una alternativa transitoria viable mientras se encuentra una solución definitiva al problema de la basura que afecta a toda la región metropolitana.
Las agresiones que se registraron en este contexto, especialmente a las mujeres trabajadoras de la municipalidad, constituye un grave delito. Ante ello autoridades del GAMC exigen a la Policía Boliviana y al Ministerio Público que actúen con responsabilidad y celeridad para procesar a los responsables, que profundizan la crisis ambiental y social.
Mientras, la ciudad de Cochabamba continúa enfrentando una crisis sanitaria, con residuos acumulados en calles, lo que representa un riesgo para la salud de la población. Por lo que distintas voces piden a las autoridades municipales, departamentales y nacionales intervenir de manera urgente para mediar en el conflicto y garantizar una solución.