El equipo de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, se constituyó en la Unidad Educativa del Plan 3000, donde se tuvo conocimiento de un presunto caso de trata de personas para conocer las acciones de protección a las adolescentes que se estuvieran implementando, observando la falta de acciones de prevención en la captación de niñas, niños y adolescentes por redes de tratantes, quienes buscan en sus víctimas explotarlas de diversas formas, siendo la explotación sexual comercial una de las más comunes .
La Delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez Santiváñez, señaló que, “el caso es alarmante puesto que estamos hablando de dos niñas menores de 14 años, compañeras de curso, donde una de ellas realizaría el trabajo de captación prometiendo a cambio de acceso carnal, dinero y la segunda habría sido abusada sexualmente”.
Gómez, también indicó que al tratarse de un presunto caso de trata en el que están involucradas adolescentes, el mismo merece toda la atención pues si bien una de ellas era el nexo con los tratantes, también debe ser considerada víctima, pues por ser adolescente podría haber realizado tales actos, amedrentada o coaccionada. Por otro lado, es importante que en las Unidades Educativas se hable sobre la trata de personas, sobre la forma en que operan estas redes, que buscan generalmente a jóvenes en estado de necesidad para explotarlas y cometer diversas formas de abusos.
“La situación es alarmante y cuestionable, ya que, en contacto con las autoridades de la Unidad Educativa, el caso no solo ocurrió con alumnas de un curso, sino de otros y que serían varias niñas que habría referido la misma situación, desde hace semanas atrás”, agregó Gómez.
El 27 de mayo, una alumna habría informado la situación a una maestra del establecimiento educativo, es así que este lunes (2 de junio) el director junto a la comisión de disciplina realizó las indagaciones, producto de ello se conoce la existencia de dos víctimas y varias estudiantes a quienes le propusieron dinero. El Ministerio público debe brindar toda la protección a las adolescentes, a sus familias y a toda la comunidad educativa y hacer los esfuerzos junto con la Policía Boliviana dar con los responsables de estos delitos.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación en Santa Cruz, hace el seguimiento de las actuaciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Ministerio Público, la División de Trata y Tráfico de Personas perteneciente a la Policía Boliviana y otras instancias correspondientes al caso.
