Cinco personas fueron sentenciadas en Ecuador a más de 25 años de prisión por integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Durante el juicio, ocho víctimas relataron que fueron amenazadas con ser “vendidas al Tren de Aragua” si intentaban escapar o denunciar a quienes las explotaban.
La sentencia fue emitida por un Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que declaró culpables a los procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La principal sentenciada fue identificada como María del Rosario A. P., considerada autora directa de los hechos. Junto a ella fueron condenadas otras cuatro personas que participaron en distintas etapas de la captación, traslado y control de las víctimas.
Según la Fiscalía General del Estado, la organización operaba mediante engaños y falsas ofertas de trabajo dirigidas principalmente a mujeres extranjeras. Varias de las víctimas provenían de Venezuela y habían llegado a Ecuador buscando oportunidades laborales y mejores condiciones económicas. Una vez en el país, eran retenidas bajo amenazas y obligadas a ejercer actividades sexuales.
Durante el proceso judicial, las víctimas declararon que la red utilizaba mecanismos de intimidación física y psicológica para mantenerlas sometidas. Entre las amenazas más recurrentes estaba la posibilidad de ser entregadas a integrantes del Tren de Aragua, la organización criminal nacida en Venezuela y señalada en distintos países de Sudamérica por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y trata de personas.
Los testimonios recogidos por la Fiscalía indicaron que las mujeres eran vigiladas constantemente y que sus movimientos estaban restringidos. También señalaron que existían amenazas contra sus familiares y advertencias sobre posibles represalias si acudían a las autoridades.
Las investigaciones permitieron establecer que la organización había instalado un esquema de explotación sexual en inmuebles ubicados en Rumiñahui. Las autoridades determinaron que las víctimas eran obligadas a trabajar bajo coerción y que parte del dinero obtenido era controlado por los integrantes de la red.
El operativo que permitió desarticular la estructura fue ejecutado por unidades especializadas contra la trata de personas y contó con la participación de la Policía Nacional y la Fiscalía. Las ocho víctimas fueron rescatadas durante las intervenciones realizadas en los inmuebles investigados.
Fuente: Infobae
