Carlos Eduardo Gómez Rojas, abogado de la familia del fallecido Roger Ortíz Fernández —propietario de 74 hectáreas donde hoy se emplaza la Villa Olímpica en Santa Cruz— calificó como irregular la expropiación de estos terrenos, realizada en 1975 mediante Decreto Supremo emitido por el entonces presidente Hugo Bánzer Suárez. Según denunció, nunca se pagó compensación alguna por la propiedad.
“El cheque emitido el 10 de diciembre de 1975 por Bs 982.648 jamás se pagó a mi cliente en vida”, aseguró el jurista, citando una certificación del Banco Central de Bolivia, fechada el 11 de julio de 2012, que confirma que dicho monto no fue desembolsado a nombre de Roger Ortíz. “La Gobernación tomó posesión de los terrenos sin pagar un solo centavo”, afirmó Gómez Rojas.
El abogado también cuestionó la legalidad del proceso, señalando que la expropiación se realizó mediante un Decreto Supremo, cuando la Ley del 30 diciembre de 1884 establece en su artículo 3 que la expropiación debe hacerse por causa de utilidad público.
Ante esta situación, la defensa legal de la familia Ortíz presentó un Amparo Constitucional. La audiencia está programada para este viernes a las 14:30 ante la Sala Constitucional Segunda. En caso de no resolverse favorablemente, los hijos del propietario exigen, mediante un memorial dirigido a la Gobernación, la devolución del predio en un plazo de 30 días o el pago por daños y por la ocupación ilegal y arbitraria del terreno.
