El Ministerio Público inició una investigación por la presunta comisión de los delitos de concusión, uso indebido de influencias y peculado contra dos funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en un caso que involucra el manejo de miles de bolsas de cemento.
De acuerdo con el informe de la División Anticorrupción, en fecha 28 de abril de 2026 se dio curso al proceso investigativo a denuncia de Waldo Rubén Porcel Soruco, en contra de Vladimir Oscar Torrico Vargas y Lesly Janeth Flores Mollo, por presuntas irregularidades tipificadas en los artículos 151, 146 y 142 del Código Penal.
Los antecedentes señalan que existe un contrato suscrito en la gestión 2013 con la empresa FANCESA para la provisión de cemento IP-30 a favor del municipio potosino. Según una conciliación de saldos realizada en 2025, se estableció un remanente de 15.270 bolsas pendientes de entrega.
No obstante, documentación remitida por la empresa proveedora evidencia que entre el 7 de enero y el 20 de febrero de 2026 se habrían retirado 12.880 bolsas de cemento en 23 despachos, mediante tráileres particulares que operaban a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.
Pese a estos registros, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente informó que dicho material no ingresó a ninguna unidad municipal, ni fue registrado en la Planta de Agregados ni en almacenes institucionales, por lo que se desconoce el destino final de las bolsas retiradas.
Según la denuncia, Vladimir Torrico Vargas, en su condición de jefe del Departamento de Bienes y Materiales, habría tenido acceso y control sobre estos recursos, por lo que se presume que pudo haber gestionado o facilitado el retiro irregular del cemento, cuyo valor supera el millón de bolivianos a precio de mercado.
Ante estos elementos, la Fiscalía dispuso el inicio de la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por el presunto daño económico al Estado.
Fotografía: Referencial
