Con ocho votos a favor y tres en contra, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil enterró el jueves pasado, por considerarlo inconstitucional, el artículo 19 del llamado Marco Civil de Internet, una ley que regula desde 2014 Internet en el país latinoamericano.
En virtud de ella, las big tech estaban obligadas hasta ahora a eliminar contenidos considerados extremistas solo por orden judicial. La motivación de los jueces es que las normas vigentes hasta ahora “no garantizan una protección suficiente de bienes jurídicos constitucionales de gran importancia, como la tutela de los derechos fundamentales y la democracia”.
Para la jueza Carmen Lúcia, que votó a favor del endurecimiento de las normas, “la censura está prohibida constitucionalmente, éticamente, moralmente e incluso espiritualmente. Pero no podemos permitirnos encontrarnos en una ágora en la que hay 213 millones de pequeños tiranos soberanos. Brasil es soberano, la ley brasileña es soberana”.
En la misma línea se ha pronunciado el juez Dias Toffoli, que ha comparado la libertad de expresión con las ametralladoras para sostener que las plataformas digitales deben ser consideradas responsables de los contenidos que transmiten. “Ahora voy a retirar la ametralladora de mi plataforma porque está prohibida y así no tendré que pagar una indemnización al padre de esta víctima”, afirmó Toffoli.
Solo tres jueces se opusieron, André Mendonça, Edson Fachin y Nunes Marques, al considerar que solo el Parlamento tiene la facultad de modificar las obligaciones de las plataformas. “Existirá el riesgo de una censura colateral”, afirmó Fachin. Para el juez, “la adopción del control del lenguaje de los utilizadores no forma parte del Estado de derecho democrático”, explicó, añadiendo que “la necesidad de una orden judicial para retirar contenidos de terceros parece ser la única forma constitucionalmente adecuada de conciliar la libertad de expresión con un régimen de responsabilidad consecuente”.
Con la votación de la semana pasada, Brasil cambia las reglas del juego, precisamente un año antes de la campaña electoral para las presidenciales que se celebrarán en octubre de 2026. También por esta razón, la decisión ha suscitado polémica, sobre todo entre las grandes tecnológicas, pero también en el mundo de la prensa brasileña, que teme una censura preventiva de las plataformas por miedo a incurrir en multas y sanciones severas.
“Obligar a las plataformas a eliminar contenidos sin necesidad de una orden judicial significará implementar la censura en Brasil, externalizándola”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web brasileño de noticias Metrópoles. “Al desfigurar el Marco Civil y convertir las redes sociales en un campo minado de regulaciones confusas, el STF ha creado un sistema autoritario y nebuloso, alimentando la incertidumbre jurídica”, escribe el diario O Estado de São Paulo en un editorial.
En el texto se destaca que, hasta ahora, el criterio era sencillo: las plataformas solo podían ser consideradas responsables del contenido de terceros si no cumplían una orden de eliminación del tribunal. Ahora, sin embargo, la responsabilidad subjetiva, pilar del sistema, ha sido sustituida por una “presunción de responsabilidad”. También ha suscitado polémica el hecho de que la decisión se haya tomado a puerta cerrada, durante un almuerzo informal, dejando fuera a la prensa y a la sociedad civil.
“La decisión del STF sienta un peligroso precedente, desfigura una ley respetada en todo el mundo y sitúa a Brasil en el mapa de las democracias formales con prácticas cada vez más autoritarias. El decano Gilmar Mendes, con tono ingenioso, afirmó que todos los miembros del Tribunal son ‘admiradores del régimen chino’. La frase, leída a la luz de la sentencia, es más profética que irónica», concluye el editorial.
En la decisión de los jueces también aparece una lista de contenidos que deben ser eliminados inmediatamente sin orden judicial. En esta lista se incluyen publicaciones que constituyen, por ejemplo, terrorismo, pornografía infantil, discriminación racial, trata de seres humanos, incitación al suicidio, violencia contra las mujeres y conductas que socavan la democracia y el estado de derecho. Precisamente, este último punto ha sido el más controvertido por la prensa brasileña.
“Las interpretaciones flexibles de los jueces en este ámbito podrían fomentar la censura de simples críticas, objeciones y enfrentamientos políticos”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. En particular, queda fuera todo el tema de los derechos humanos, hasta el punto de que el texto del STF traslada la responsabilidad al Congreso.
“Invitamos al Congreso Nacional a elaborar una legislación capaz de subsanar las deficiencias del actual régimen en materia de protección de los derechos fundamentales”, se lee en el texto. “El hecho es que la ley ya existe y cualquier mejora depende de la interpretación política. Quien ha debilitado un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, ha sido el Supremo Tribunal del país”, concluye el editorial de Folha de São Paulo.
La decisión de los jueces del STF establece además que cada plataforma debe disponer de su propia autorregulación, que prevea un “sistema de notificación, un proceso justo e informes anuales sobre la transparencia en materia de notificaciones extrajudiciales, publicidad y promociones”.
Fuente: Infobae
