La reciente liberación de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez reavivó el debate sobre las responsabilidades por las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba durante los conflictos sociales de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Desde la bancada del MAS y la Defensoría del Pueblo, se reiteró la exigencia de que estos hechos no queden impunes y se castigue a los responsables.
Sin embargo, en ese discurso de justicia, quedaron fuera las muertes de los activistas cruceños Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, quienes fallecieron tras recibir impactos de bala durante un enfrentamiento con militantes masistas en la localidad de Montero.
Mario Salvatierra, un ciudadano sin mayor participación política, perdió la vida tras recibir dos disparos —uno en el costado y otro en el pecho— mientras intentaba levantar un punto de bloqueo en el barrio Cofadena. Falleció cuando era trasladado a Santa Cruz.
Marcelo Terrazas, abogado, padre de dos hijos y miembro activo de la Unión Juvenil Cruceñista, también fue herido de bala en el mismo lugar. Terrazas tenía una trayectoria cívica de larga data, participando en movilizaciones desde 2005 por la autonomía y en defensa del IDH en 2008.
Por estos hechos, fue detenida la diputada del MAS, Deysi Choque, acusada de homicidio, organización criminal e instigación pública a delinquir. Sin embargo, el caso ha quedado relegado en la agenda política y mediática, lo que genera cuestionamientos sobre la imparcialidad en la búsqueda de justicia.
