La defensa legal de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, presentó una nota formal a la Embajada uruguaya en Paraguay por “grave omisión de garantías procesales” durante su ingreso al sistema judicial paraguayo. Los abogados solicitan medidas de protección consular y la evaluación de posibles consecuencias diplomáticas y jurídicas contra el Estado paraguayo.
Los abogados Osvaldo Arrúa y Luis Samaniego, representantes legales de la uruguaya , presentaron este miércoles una nota dirigida al embajador del Uruguay en nuestro
país, Eduardo Bouzout Vignoli. Los representantes legales sostienen que García Troche fue víctima de múltiples irregularidades tras su llegada al aeropuerto Silvio
Pettirossi, procedente de España, en el marco de su extradición.
Según la denuncia, la jueza penal de garantías Rosarito Montanía no informó a García Troche sobre su derecho a comunicarse con el Consulado de Uruguay, tal como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963). Además, denuncian que no se le permitió designar un abogado de confianza
y que se le asignó automáticamente un defensor público.
La defensa también señala que el Consulado uruguayo fue notificado de su detención más de 55 días después de su ingreso al sistema penitenciario paraguayo, lo que consideran una violación flagrante y no subsanable del derecho consular y del debido
proceso legal.
Solicitudes al Consulado uruguayo
En la nota dirigida a la cónsul Cecilia Amparo Lima Pérez, los abogados de García Troche solicitan tres acciones clave:
1. Adopción de medidas de protección consular a favor de Gianina García Troche.
2. Presentación urgente de una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para que se analicen eventuales consecuencias diplomáticas y jurídicas contra el Estado paraguayo.
3. Dejar constancia formal del incumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena por parte de las autoridades paraguayas. “Queremos que el consulado de Uruguay se interiorice de cómo se violaron las garantías procesales y que esto pueda acarrear consecuencias diplomáticas”, refirió el abogado Arrúa.
Los representantes legales consideran que la comunicación tardía al Consulado no remedia las violaciones cometidas ni elimina las consecuencias legales del incumplimiento. La esposa del sindicado narco está procesada por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas, vinculado a la causa denominada “A Ultranza Py”.
Fuente. Diario ABC de Paraguay
