El domingo por la tarde, sicarios dispararon contra Alexandra Bravo en Manta, ciudad costera de la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador. La fiscal, que acumulaba 15 años de carrera en el Ministerio Público y se desempeñaba como fiscal de Delitos Flagrantes del Distrito de Manta, murió en el lugar del ataque.
Su hermana Olinda Bravo, que la acompañaba en el momento del atentado, también perdió la vida. La Fiscalía General del Estado condenó el crimen en un comunicado emitido esa misma tarde, anunció el inicio de investigaciones y no aportó información sobre los autores.
El coronel Carlos Ortega, comandante de la Zona 4 de la Policía, informó que uno de los atacantes resultó herido durante la huida y que las autoridades rastrean hospitales y clínicas de Manta y cantones cercanos para localizarlo.
En el ataque también quedó herida una tercera persona, cuya identidad no fue precisada. Los sicarios actuaron cuando Bravo y su hermana salían de una cafetería en la avenida Flavio Reyes; la fiscal no contaba en ese momento con su equipo de seguridad asignado.
El asesinato de Bravo no es un hecho aislado dentro de la propia Fiscalía en Manta. Es el tercero en esa ciudad en un período de tres años. En mayo de 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, el abogado Jefferson Mendoza, fueron ejecutados a tiros cuando viajaban en automóvil por una vía en las afueras de Manta.
En octubre de 2024, el fiscal Marcelo Vásconez —quien investigaba, entre otros casos, el asesinato del alcalde Agustín Intriago— fue acribillado junto a su escolta policial cerca de las dependencias de la Fiscalía. La cadencia de estos crímenes traza un patrón que las autoridades no han podido romper.
Fuente. Infobae
