El abogado Jorge Franco, representante legal de más de 3.000 adjudicatarios de las urbanizaciones Cortés, denunció públicamente a la jueza pública Civil y Comercial Sexta de la capital, Camila Paniagua Ferrufino, por el presunto delito de prevaricato, al considerar que emitió una resolución contraria a la Constitución y a la normativa vigente.
Según el jurista, la decisión judicial habría dejado en estado de indefensión a miles de familias que pagaron la totalidad del valor de sus lotes y que ahora buscan consolidar legalmente su derecho propietario mediante la suscripción de las minutas de transferencia.
Franco sostuvo que la resolución cuestionada excluiría a una persona de la tercera edad de la obligación de firmar la documentación de venta, pese a que, según afirmó, existen acuerdos homologados y una orden judicial que establecía un plazo de 15 días para cumplir con ese compromiso.
Asimismo, rechazó el argumento de la autoridad judicial respecto a un supuesto conflicto de competencias con otro proceso, señalando que no se trata de un proceso ejecutivo, sino del cumplimiento de acuerdos ya ejecutoriados en fase de ejecución.
El abogado hizo un llamado a las autoridades del sistema judicial y al Ministerio Público para que investiguen el caso y, según indicó, se garantice el derecho de las familias que adquirieron los terrenos y esperan la regularización de su documentación.
Hasta el momento, la jueza mencionada no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. El caso se encuentra sujeto a las actuaciones que correspondan conforme a la normativa vigente.
