Como tantos millones de venezolanos, Robert Villamarín Pacheco abandonó su país en 2016 en busca de una vida mejor. Se instaló en Chile, desde donde ayudaba a su madre Rosario. A finales de julio de 2023, Robert viajó a San Cristóbal, capital del estado Táchira, para visitar a su familia y poner al día sus documentos.
Cruzó por la frontera terrestre, donde le sellaron su pasaporte y de inmediato se ocupó de sus diligencias. Renovó la cédula de identidad y la licencia de conducir sin contratiempos, y para completar el trámite del pasaporte tuvo que dirigirse al despacho del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el vecino estado Mérida.
“Cuando llega al Saime, le informan que no puede renovar su pasaporte porque en el sistema aparecía una restricción y le pidieron que fuera en tres días, para consultar con la central de Caracas”, relata la señora Rosario Pacheco de Villamarín. Transcurridas 48 horas, el 2 de agosto de 2023, Robert volvió a la oficina y jamás pudo salir. Hoy acumula casi tres años encerrado en las mazmorras del gobierno venezolano.
¿Por qué?
A pesar de las cientos de liberaciones que se han producido en los últimos meses, tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, defensores de Derechos Humanos afirman que aún existen en el país más de 400 presos políticos.
El de Robert Villamarín Pacheco no es un caso más dentro de la estadística. Este ingeniero de 39 años está acusado de participar en el intento de magnicidio sufrido por Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, cuando dos drones cargados con explosivos estallaron cerca de la tarima presidencial ubicada en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas.
Los delitos que le imputan son asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. En el expediente señalan que desde una cuenta de un banco venezolano transfirió 70 millones de bolívares -unos 300 dólares a tasa oficial, pero menos de $20 al cambio paralelo de la fecha- a Yenni Fabiana Pernía, otra de las presuntas implicadas en el hecho.
Los abogados de Villamarín Pacheco resaltan que en el sumario no hay ninguna prueba sobre la supuesta transacción bancaria, que se habría hecho el propio 4 de agosto de 2018, ni se ha demostrado su intervención en la presunta conspiración. Además, denuncian que todavía no se ha abierto el juicio, dilación que viola el ordenamiento legal venezolano.
